Miguel Barrachina Ros
Portavoz Asuntos Sociales Grupo Parlamentario Popular, Congreso de los Diputados
17 de Febrero del 2005
La responsabilidad social de las empresas consiste en la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sur relaciones con los interlocutores.
Desde Naciones Unidas se lanzó la iniciativa “Global Compact” que consiste en 10 principios éticos a los que deben ajustarse las empresas en su actividad, y que se refieren al respeto a los derechos humanos, la eliminación del trabajo infantil o forzado, discriminación en el empleo etc.
Al final de la legislatura pasada, con el Gobierno del Partido Popular, se llevó a cabo una Comisión Técnica de Expertos con objeto de realizar un informe sobre la Responsabilidad Social Corporativa. Dicha iniciativa se vio paralizada por el cambio de Gobierno.
A pesar de que las empresas españolas van adquiriendo conciencia de lo que es la responsabilidad social corporativa, se hace necesario que los poderes públicos promocionen la responsabilidad social corporativa en las empresas, estableciendo una serie de bonificaciones o ayudas adecuadas.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado numerosas iniciativas en el Congreso de los Diputados, a diferencia del Grupo Parlamentario socialista, solicitando al Gobierno: implantar comités de acción social en las empresas, crear bancos de proyectos de cooperación al desarrollo, crear una orden de ayudas para aumentar el número de personas que incorporen a sus cuentas anuales el Balance social sobre actividades no lucrativas. También se ha creado una subcomisión de responsabilidad social corporativa a instancia del Grupo Parlamentario Popular.
Asimismo, una medida que puede favorecer las pymes o empresas con pocos trabajadores es el “cheque guardería”, donde el empresario ayuda a cofinanciar la guardería con el trabajador. Durante el Gobierno del Partido Popular se favoreció la creación de guarderías por partes de las empresas.
El Partido Socialista lleva en su programa electoral la elaboración de una Ley de Responsabilidad Social Corporativa, sin embargo, a fecha de hoy no han hecho nada en esta materia.
Por otra parte, el nuevo sistema de regulación de “inmigración” que está implantando el Gobierno es totalmente infortunado, ya que favorece el efecto llamada, produciéndose un número de inmigrantes ilegales mucho mayor al ya existente. Este sistema ha sido fuertemente criticado por toda la prensa internacional, ya que mientras los países europeos adoptan medidas restrictivas para regular la inmigración, el Gobierno español se dedica a llevar a cabo un proceso de regularización masiva.
En conclusión, la responsabilidad social corporativa ha de ser totalmente voluntaria por parte de las empresas. No se puede imponer que parte de sus beneficios se destinen a acciones de interés social. Por el contrario, los poderes públicos deberían promover la implantación de la acción social en la cultura y valores de la empresa a través de medidas, tales como bonificaciones, ayudas, campañas de comunicación, asesoramiento, etc.