Las últimas elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de marzo, no sólo han supuesto una importante victoria para el Partido Popular y el inicio de un período de reflexión dentro del Partido Socialista, sino que también ha dejado algunas sorpresas, como la elección del Foro Asturias del exdirigente del PP, Francisco Álvarez-Cascos, el aumento de apoyos de Unión Progreso y Democracia en varias Comunidades Autónomas, o la pérdida de bastiones socialistas como las alcaldías de Sevilla y Barcelona. Sin embargo, la mayor sorpresa, aunque tal vez sería más correcto decir que ha sido la confirmación de una sospecha, ha sido la presencia de BILDU, la formación política recientemente constituida en el País Vasco que, amparada en el rechazo de la violencia, no ha tenido problemas para presentarse a las elecciones del 22-M.
Nada de esto sería noticia si no fuera porque desde el primer momento se ha vinculado a BILDU con la banda terrorista ETA y porque cuando se les ha pedido que condenasen los atentados etarras no se han manifestado con claridad. Ante la duda, el Tribunal Constitucional decidió, en una ajustada votación (razón que hace dudar del buenismo del que BILDU hace gala), que se trataba de una formación legal, a pesar de que desde la Sociedad Civil, los Partidos políticos y otros foros de relevancia se advirtió de que detrás de BILDU se encontraba la banda terrorista.
Para algunos, el hecho de que BILDU se haya podido presentar en las elecciones del 22-M, ha supuesto un paso atrás en la lucha antiterrorista; para otros, se trata de una maniobra del PSOE que le permitiría presentar en pocos meses un acuerdo de alto el fuego definitivo de la acción terrorista de la ETA y lograr recuperar el apoyo que el electorado le ha retirado en las elecciones del 22-M, y evitar en las elecciones generales del 2012 un colapso al que parece abocado el PSOE; por último, los hay que consideran que se trata de la mejor opción para acabar con el terrorismo, abriendo una vía política para el grupo terrorista. ¿En qué quedamos?