Jesús Lizcano
Presidente Transparencia Internacional España. Catedrático UAM
14 de Febrero del 2008
El pasado 14 de febrero, D. Jesús Lizcano Álvarez, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de Transparencia Internacional-España, habló en el Foro Generación del 78 sobre la Corrupción como problema global, aportando una descripción sobre la situación actual y algunas posibles soluciones.
En primer lugar, nos habló de la Globalización como un fenómeno que afecta a todos los aspectos de la vida (economía, política, mundo empresarial y judicial, medioambiente, ética, sociedad…) y es ya un hecho irreversible. Es por esta razón que han de buscarse soluciones integradas y pactadas a los problemas globales. La transparencia económica y social deberían ser objetivos prioritarios de toda sociedad moderna para conseguir equidad social y eficiencia económica. Esta transparencia se manifiesta de múltiples maneras, a través de la transparencia en el sector público facilitando información clara y entendible al ciudadano sobre los órganos e instituciones de la administración pública; a través de la transparencia en los mercados financieros, corrigiendo las asimetrías informativas en los mercados y la opacidad en la información que llega a los ciudadanos, así como en las condiciones contractuales de préstamos, hipotecas… A través de la transparencia en los partidos políticos facilitando información acerca de los medios de financiación o de algo tan importante como los procesos de elección interna o la toma de decisiones importantes. En cuanto a la transparencia de las empresas, además de las ya obligatorias cuentas anuales, habrían de exigirse memorias más detalladas en muchos aspectos. Entre las soluciones globales que han de tomarse a este respecto, se ha desarrollado, para el ámbito empresarial, el Global Compact, Pacto Mundial de las Naciones Unidas para empresas y otras organizaciones. Se trata de una iniciativa de compromiso ético, cuya ratificación es de carácter voluntario, que contiene diez principios básicos en materia de Derechos Humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción. A día de hoy, ya son más de 500 las organizaciones adscritas.
En cuanto a otras soluciones pactadas a nivel internacional contra la corrupción, destacan además: la Convención de la ONU contra la corrupción; las Convenciones de la OCDE contra la corrupción; y la Convención Interamericana contra la corrupción.
La ONG Transparency International, presidida en su sede española por nuestro invitado, D. Jesús Lizcano, lucha en un centenar de países contra la corrupción, y a favor de la transparencia social, económica y jurídica. Elabora anualmente cuatro informes a nivel internacional: Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Barómetro Global de la Corrupción (BGC), Índice de Fuentes de Soborno (IFS) e Informe Global sobre la Corrupción en el mundo (IGC).
El IPC clasifica 180 países por su nivel de corrupción según la percepción de la misma por los ciudadanos. Se detecta una fuerte correlación entre pobreza corrupción. Tres de cada cuatro países consiguen una puntuación por debajo del 5 (1-10). España muestra un descenso gradual en los últimos años ajustándose a un 6,7 en 2007, lo que supone el puesto 25 de los 180 países. El BGC evalúa 14 sectores sociales, económicos y políticos en 60 países. En 37 de los 60 países, incluyendo España, se consideran los partidos políticos como las instituciones más afectadas por la corrupción. En cuanto al IFS, se trata de un nuevo índice incluido en 2006 y está dirigido a empresas. Se realiza sobre empresas de las 30 economías más exportadoras del mundo, con encuestas llevadas a cabo en más de 125 países y a más de once mil directivos y empresarios. España se encuentra en el puesto 13 de los 30 con una puntuación de 6,63/10. El IGC es un informe más o menos exhaustivo sobre un número de países, redactado por expertos en corrupción escogidos por Transparencia Internacional y que cada año se centra en un sector concreto. En general, las experiencias y situaciones de mayor corrupción se ven en la gran mayoría de países en las Entidades públicas locales (a nivel de entidades) y en la construcción, petróleo, minería y armamento (a nivel sectores).
Con respecto a la situación general en España, el ámbito de mayor especulación se encuentra en las entidades públicas locales y la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción. Se observa una necesidad de aumentar la transparencia en los ayuntamientos así como de agilizar las tramitaciones administrativas en diversos niveles. En otro sector, las sociedades mercantiles locales, al tener un régimen legal distinto a las corporaciones en algunos aspectos, necesitarían también un mayor control. En este ámbito español se han desarrollado diversas iniciativas legales como las modificaciones del Código Penal y la Ley de Régimen Local. Se ha elaborado un Plan de Transparencia judicial y un Código de buen gobierno para los cargos públicos, así como la Ley 4/2006 de Transparencia y buenas prácticas de la Administración pública gallega, la nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de Mayo) o la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de Julio).
Por último, nuestro invitado, D. Jesús Lizcano, nos expuso algunas de las actividades que actualmente desarrolla la ONG que él preside en España. Desde Transparencia Internacional- España se contribuye a los Informes Generales de Transparency International, se hace un seguimiento del desarrollo en España de la Convención de la ONU contra la corrupción, se elabora el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, se propicia la existencia en España de una Ley de Acceso a la Información Pública y se ha participado en el I Encuentro Iberoamericano sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Algunos de los objetivos a plantear según Transparencia Internacional-España serían, a corto plazo, la aplicación efectiva de las actuales leyes y otras normas legales. A medio plazo, la modificación y creación de nuevas normas para aplicar la Convención de la ONU contra la corrupción y otros Convenios Internacionales; y a largo plazo, la educación de los ciudadanos desde la infancia, hacia la conciencia social, la ética y la formación en valores.